Una administración colapsada y un intrincado diseño de los criterios exigidos para poder optar a la prestación, han impedido una correcta implementación de esta ayuda. El Ingreso Mínimo Vital, una medida de emergencia pensada para aliviar, lo más inmediatamente posible, la crisis social generada por la suspensión de las actividades laborales en España por culpa de la pandemia, ha demostrado estar fracasando.
Cuando propones una renta de emergencia para atajar los problemas económicos más importantes de tu población, y sólo el 1% consigue cobrarla 3 meses después de anunciarla con bombo y platillo, se puede considerar un error grave de diseño e implementación de tu Administración. Cuando fue aprobada el 29 de mayo, se estimó que debería beneficiar a 2,3 millones de personas. Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Servicios sociales sólo se han aprobado 3.966 de las 510.000 solicitudes registradas a mitad de julio, el 0.7%.