Más gasolina para alimentar el efecto llamada, como si no fuera suficiente con la subvención de 600 euros al mes por no trabajar; 200 euros por hijo, lo que dada la condición prolífica de esta raza supone una pasta; 50 euros a la semana para poder comprar alimentos. Si está en Cataluña 400 euros cada dos meses para aprender catalán; como les cuesta trabajo la inmersión en tan hermosa lengua, no extraña que tarden más de un año en el empeño. Colegio gratis para esos hijos, gratuidad que incluye desayuno, comida y merienda. Sanidad y farmacia a coste cero. ¡Vaya bicoca!
Ese efecto llamada es tan real como pernicioso. Está distorsionando nuestra convivencia, nos obliga a un debate innecesario donde la caridad se intenta oponer al egoísmo; donde los que advierten que a este desmán hay que encontrarle solución, que las fronteras no pueden ser tan permeables y que a las subvenciones hay que ponerle coto, se les tacha por los “progres buenistas” como insolidarios e incluso “fascistas” que es el vocablo de moda entre tanto asno que a buen seguro no sabe lo que significa ese adjetivo.
Ada colau crea un carnet para inmigrantes ilegales en barcelona
La Colau quiere favorecer la regularización de inmigrantes ilegales que viven en Barcelona. Además de la cruzada del equipo municipal barcelonés contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el consistorio otorgará a personas «sin papeles» un «documento de vecindad» que les sirva para constatar su arraigo y que les ayude a evitar la entrada en ese tipo de instalaciones para inmigrantes ilegales o su expulsión del país.
Lo que el Ayuntamiento de Barcelona pretende con su documento de vecindad es crear una nueva legalidad municipal que permita a un abogado acreditar ante un juez la estancia en Barcelona de un inmigrante para demostrar que no hay riesgo de fuga y evitar así un ingreso forzoso en el CIE.
Fuentes municipales reconocieron ayer que el documento, en la práctica, no servirá para regularizar la situación de los extranjeros ni tampoco será una garantía contra su deportación. Todo dependerá de si el juez lo estima o no. El concejal de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, reconoció que el Ayuntamiento se inventó este documento para que sea de utilidad mientras no consiguen cerrar el CIE de Barcelona, ubicado en la Zona Franca.