Enviados a la cárcel por el ahora Ministro del Interior, dos hombres acusados de implicación con el yihadismo fueron encarcelados en prisión preventiva por 3 años. Ahora, una vez incapacitada la Fiscalía para sostener los cargos imputados hace 10 años, el Tribunal Constitucional le ha reconocido a los dos imputados el derecho a una indemnización.
Tanto Mohamed Samadi como Abdelbarie Dahane pidieron que ser indemnizados por daños y perjuicios y tanto el Ministerio de Justicia como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se lo denegaron. La doctrina parecía clara: no se indemniza a acusados que hayan sido puestos en libertad por falta de pruebas. Al menos lo era hasta 2019, cuando el Constitucional decidió reabrir el petitorio de indemnización de unos acusados por pertenecer a la red que perpetró los atentados del 11-M.
Tres años de la vida de un hombre no tienen precio. Cualquier indemnización se hace pequeña.En nuestra Ley la Prisión Provisional es excepcional, y hay que dejar de justificar actuaciones injustificables de las Fuerzas del Orden. No se puede tener a alguien en prisión provisional por si a caso, y después absolverlo. Es una barbaridad.
Ahora nos toca subvencionar el yihadismo. El problema no es que éste los mandar a la cárcel. El problema es que se les está dejando entrar y se les está subvencionando. Somos una sociedad suicida.
Con la corrupción de la justicia empezó todo: Marlaska, Balta & Lola, Bermejo y tantos otros. La colección es inmensa, llevan décadas contaminándolo todo y décadas tardaremos en librarnos de ellos. Así estamos los ciudadanos españoles, día tras día siendo atropellados por jueces indolentes hermanados con los políticos mientras la prensa oficiando de fiel servidor.
Peor lo tuvieron los dos condenados erróneamente por violación, debido, sin más, a que los magistrados que los juzgaron no fueron capaces de entender que las pruebas de ADN los exculpaban claramente. Uno de ellos murió en la cárcel, tras una huelga de hambre para reclamar su inocencia, y el otro cumplió la condena íntegra, aunque ya hacía años que había aparecido el auténtico violador. Y ni un céntimo de euro de indemnización. Por cierto, la presidenta del tribunal incapaz de entender los resultados de las pruebas de ADN era doña Margarita Robles. Busquen un poco en Internet sobre el caso Tommouhi y Mounib.